Siempre me he preguntado por qué a los padres de la educación concertada algunos partidos políticos les obligarían a tener que pagar dos veces, la primera con los mismos impuestos que abonamos todos los españoles,  la segunda, con el recibo que les llegaría a final de mes del colegio elegido. Si ya han pagado como los padres de la pública una vez, por qué hacerlo dos.  Por qué se empeñan algunos socialistas en discriminar a las familias que eligen esta educación por la causa que sea, porque al final son ellos, los padres, los que tienen la responsabilidad de la formación de sus hijos, sin tener que dar cuenta a nadie, solo a la ley. La mayoría de los alumnos de la concertada no son precisamente hijos de familias ricas.  Algunos habrá, lógicamente, pero este es un modelo de colaboración que desarrolló inicialmente Felipe González y que se ha convertido en una columna del sistema educativo, elegido por el 25 por ciento de las familias.

Los motivos por los que unos padres eligen el modelo concertado son muy diversos, igual que los de aquellos que optan por el de una educación dirigida por el Estado. Y los dos deben ejercerlo con total libertad para dar cumplimiento al precepto constitucional.  Lo que parece que está sucediendo actualmente es que el Gobierno intenta reducir la presencia de la concertada en el modelo educativo, cuando esta favorece la elección a familias con pocos recursos; si no existiera, la posibilidad de optar por otra educación estaría supeditada a la renta. La ministra de Educación pareciera que quisiera estigmatizar a estos alumnos cuando son las clases medias las que optan generalmente por estos centros. Ni establece diferencias económicas ni supone entregar la instrucción de los menores a la Iglesia.

Insistir en estos momentos como razón para el mantenimiento de la concertada de que la variedad de modelos educativos es síntoma y requisito de madurez democrática podría parecer innecesario, pero es necesario hacerlo si miramos además a lo que ocurre en el resto de los países del mundo, donde la media es que el veinte por ciento de los alumnos recurre a la privada-concertada. Y además, la cantidad de dinero que el Estado entrega a cada tipo de centro difiere bastante, según datos de hace tres cursos, a los concertados se les dio 2.917 euros por estudiante, y la pública recibió 4.568.

Uno de los objetivos fundamentales del Estado es lógicamente mantener el nivel de la enseñanza pública, pero no legislando contra las familias que han elegido la enseñanza concertada (que son el 29 por ciento de la secundaria obligatoria) y que han sufrido la pandemia como todos los demás, y ahora son excluidos en el proceso de reconstrucción.

Bien suena para un eslogan cuando el presidente Sánchez o el vicepresidente Iglesias hablan de que no hay que dejar a nadie atrás en esta pandemia, pero con estas decisiones lo único que muestran es que son excluyentes y sectarios, y que a lo que tienen miedo es a la palabra libertad. Y más deberían ocuparse en prestigiar la figura de los docentes tanto de la pública como de la privada-concertada, que en decisiones ideológicas que lo que hacen es separar más que unir.