He leído con más o menos calma los 100 puntos programáticos en que se han puesto de acuerdo el Partido Popular y Ciudadanos para gobernarnos a todos los castellanos y leoneses. Es una buena declaración de intenciones que podría firmar cualquiera de los partidos que ocupan los escaños de las Cortes regionales. Lo importante ahora es aplicar la prioridad en cada uno de ellos para los próximos presupuestos de la Junta, porque a quién no le importa que las listas de espera se reduzcan, que la enseñanza sea de mejor calidad, o que nuestros pueblos encuentren una respuesta en sus peticiones, además de la transparencia y la ‘limpieza’ por parte de nuestros políticos. De ahí que la aplicación de los mismos y el empeño en solucionarlos sea ahora para un gobierno bipartito la principal decisión.
Hay muchos aspectos también en los que cabe el debate, como en el caso de los 8 años de gobierno en las administraciones. Dice lo siguiente el texto: “Es voluntad de los firmantes de este acuerdo extender, con carácter general, la limitación de mandatos de 8 años a los Alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes y Presidentes de Diputaciones Provinciales de Castilla y León en los que se suscriban acuerdos de gobernabilidad conjunta entre ambos. Cuando así se determine, para los que ya fueran Alcaldes y Presidentes desde hace cuatro o más años, el cómputo del plazo de ocho años comenzará desde la firma de los acuerdos de gobernabilidad PP-C’s suscritos hace cuatro años”. Algo difuso pero evidente en la intención, y sin consecuencias para la formación naranja.
Cabe la discusión cuando te enfrentas a un candidato que ha demostrado que es un gran alcalde, que se está dedicando por entero a sus vecinos, y que los ciudadanos han apostado por el en unas elecciones en una lista que encabezaba durante varias legislaturas. ¿Por qué tiene que irse entonces? No he encontrado argumentos en este caso. Los electores no son tontos y castigan en la inmensa mayoría de los casos a los ineficaces. Y tampoco entienden en ocasiones que los pactos lleven a que partidos en minoría acaben gobernando. Es la nueva política de los acuerdos tras el final del bipartidismo, pero ¿es la mejor política? O volveremos de nuevo a los dos grandes partidos como ocurre en otros países.
Asumo que en el caso de los presidentes de las Diputaciones, que es elección indirecta, y que dependen mucho de un aparato que los elige, cabe que no estén los mejores –y quizá podrían haber añadido en el documento que estos, ni el resto de miembros de las instituciones provinciales no podrán ser elegidos en las listas de la capital- porque en muchas ocasiones son precisamente los cargos de las formaciones políticas los que ocupen estos puestos y puede pasar que no sean precisamente los más indicados para estos puestos.