En estos últimos años muchas cosas han cambiado en la sociedad española. Algunas van evolucionando de forma significativa, como el hecho de que los ciudadanos, cada vez más, nos consideramos con derecho a controlar la gestión del dinero público, ya que lo aportamos con nuestros impuestos y desgraciadamente el abuso de ese uso ha sido lamentable.
La crisis ha visualizado que los votantes cuentan con derechos y deberes, lo primero es evidente y probablemente en lo segundo también se deba hacer un ejercicio de autocrítica. Los políticos -y el mensaje está llegando además a los funcionarios- están escuchando voces sosegadas o airadas sobre el servicio público por el que fueron elegidos. Estos, de uno y otro signo, sin embargo, parecen no haber escuchado el mensaje y creen que solo se cuenta con el derecho a votarlos cada cuatro años.
Los partidos españoles están perdiendo esa gran oportunidad de hacer un nuevo modelo de política, las grandes formaciones parece que tienen guardada en el último de sus cajones una demanda popular casi permanente como es la petición de listas abiertas o la de mayor participación ciudadana.
Vayamos al ejemplo de Burgos. Si nuestros concejales hubieran sido elegidos por distritos o áreas -trasladando parcialmente el modelo inglés de la Cámara de los Comunes-, el edil responsable del barrio de Gamonal, antes del ‘estallido’ social, hubiera escuchado todas las voces y se habría preocupado de dar a conocer al alcalde la situación y las opiniones de los vecinos de su entorno y probablemente no se hubiera llegado a la lamentable situación final.
Votamos listas cerradas cuando deberíamos elegir ciudadanos con nombres y apellidos, los mejores en cada caso, pero esta posibilidad parece vetada por los grandes partidos políticos, y en esas listas se mezclan personas trabajadoras y resueltas con otros ciertamente menos válidos. Si cada uno de ellos tuviera que defender su puesto a pecho descubierto ante un grupo de ciudadanos, sus votantes, no estaría ni la mitad de los ediles que ahora ocupan los escaños del pleno municipal. Y en este sentido también quizá fuera deseable la elección directa del alcalde.
Lo mismo ocurre con los grandes temas de debate. Todos conocemos el gusto que tienen los norteamericanos a acudir a las urnas por decidir en temas controvertidos o en otros más inocuos. También en algunos países europeos cuentan con esa opción, quizá hasta exagerada como es el caso suizo.
Es cierto que al generalizar dañamos las excepciones y se comenten errores. En Castilla y León, el presidente de la Junta, el burgalés Juan Vicente Herrera, no para de lanzar mensajes, el último en la convención popular, sobre una nueva forma de hacer política: más participativa -lo ha demostrado con las firmas continuadas y necesarias con los agentes sociales- y cercana a las realidades concretas de los ciudadanos. Pero él también se ha encontrado con las viejas luchas entre el peso de los aparatos y, por ejemplo, en la designación de consejeros suele contar más la fuerza de cada provincia que el nombre del elegido. Es cierto que algunas relativamente nuevas formaciones políticas apelan a un nuevo estilo, pero mientras no gobiernen y no lo apliquen, están intentando ganar peces a río revuelto. Las europeas se pueden convertir, así, en un voto de castigo, así quizá algunos agudicen sus oidos.
